El «perfil étnico» es un criterio normalizado en muchas identificaciones o controles, en los que se solicita la documentación a personas seleccionandolas por su aspecto físico y no por lo que han hecho. Estos controles se dan de forma generalizada y con total impunidad tanto en espacios públicos como privados, frecuentados por personas con rasgos físicos identificados como diversos por la población mayoritaria.
Es una práctica discriminatoria, racista, clasista e ilegal, ya que representa un atropello tanto de los Derechos Humanos como de las leyes vigentes. A pesar de que los cuerpos de seguridad públicos la justifican como una acción necesaria para la efectividad de su tarea securitaria, el 74% de las personas identificadas no ha cometido ningún delito(1).
Es una práctica discriminatoria, racista, clasista e ilegal, ya que representa un atropello tanto de los Derechos Humanos como de las leyes vigentes. A pesar de que los cuerpos de seguridad públicos la justifican como una acción necesaria para la efectividad de su tarea securitaria, el 74% de las personas identificadas no ha cometido ningún delito(1).
Por ello, ponemos de manifiesto que las paradas selectivas por perfil étnico:
- Son una «práctica persistente y generalizada de control identitario»(2), es decir, un procedimiento sistematizado y no hechos aislados que dependen de un funcionario en concreto.
- Son discriminatorias y suponen una limitación de la libertad de movimiento, sobre todo para las personas en situación administrativa irregular, que frente a la vulnerabilidad optan por no volver a los espacios públicos que habitualmente frecuentaban.
- Suponen una puerta abierta a detenciones arbitrarias, multas, órdenes de expulsión, ingresos al CIE y deportaciones, entre otras medidas injustas.
- Muestran a toda la sociedad que las personas de fenotipo no dominante -tanto extranjera como local- son sospechosas a ojos del Estado. Vinculan la apariencia física con el incumplimiento de la norma y refuerzan la estigmatización y criminalización de las minorías, hecho que dificulta la convivencia democrática y normaliza el control social por parte de la policía.
- Es un criterio inefectivo y contraproducente en términos de seguridad ciudadana, ya que la gran desproporción entre las identificaciones y los delitos cometidos genera desconfianza hacia la policía y menor predisposición a colaborar con el Estado.
Exigimos a las intituciones que:
- Reconozcan la dimensión real de los controles policiales guiados por el perfil étnico y los condenen.
- Faciliten información operativa y de calidad a los agentes de policía. Tomen medidas y den instrucciones claras dirigidas a prevenir y prohibir la identificación de personas inocentes según descripciones demasiado genéricas basadas en el color de piel, etnia o características físicas, culturales y religiosas.
- Formen a la policía en materia de racismo, para que las identificaciones se lleven a cabo bajo los principios de igualdad y no discriminación, en conformidad con el Código Europeo de Ética de la Policía.
- Justifiquen y recojan datos de cada actuación de identificación y registro que realicen (incluyendo motivo, perfilación étnica y resultado) y publiquen regularmente estadísticas sobre la cuestión.
- Introduzcan medidas de control internas y externas, y apliquen sanciones contra los agentes que identifiquen de forma discriminatoria e injustificada.
- Faciliten mecanismos de denuncia para la población objeto de identificaciones y registros, y favorezcan un sistema de control externo de estos procesos.
- Difundan activamente los derechos y garantías de las personas y den respuesta a sus preocupaciones sobre los criterios de las identificaciones policiales.
- el derecho a la no discriminación y el principio de igualdad
- el derecho a la libertad de movimiento,
- el derecho a la dignidad,
- el derecho a la libertad y seguridad personales,
- el derecho al respeto de la vida privada y familiar y
- el derecho a la libertad religiosa, entre otras.
(1) Datos facilitados por el Ministerio del Interior en el año 2014
(2) Relator Especial de Naciones Unidas en su informe sobre España del 2013