El Consejo de Gobierno ha acordado declarar el 16 de noviembre Día del Flamenco en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, fecha que coincide con la de la inclusión del arte jondo, hace ahora un año, con su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Según explicó en rueda de prensa el consejero de Cultura, Paulino Plata, esta decisión tiene como objetivo reforzar aún más las políticas de la Junta para fomentar el flamenco, implicar a la sociedad en su crecimiento y consolidarlo como uno de los principales motores de la industria cultural en Andalucía.
Con motivo de esta primera celebración del Día del Flamenco, la Consejería de Cultura, en colaboración con el Instituto Cervantes, ha organizado hoy espectáculos en las ciudades de Estambul (Turquía), Túnez, Nueva Delhi (India), Brasilia (Brasil) y Sydney (Australia), a cargo de Andrés Marín, Rosario Toledo, Rosario La Tremendita, David Carmona y Arcángel, respectivamente.
Una treintena de peñas flamencas y espacios escénicos de las ocho provincias andaluzas han programado, además, para los próximos días diversos actos, entre los que destaca el homenaje al guitarrista recientemente desaparecido Manuel Moreno Junquera
Moraíto en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera (Cádiz). El flamenco obtuvo el 16 de noviembre de 2010 en Nairobi (Kenia) su máximo reconocimiento internacional por parte de la Unesco como manifestación cultural de carácter universal aunque con raíces andaluzas.
Esta organización de Naciones Unidas subrayó con su decisión la importancia que para Andalucía supone contar con una cultura musical propia que traspasa fronteras, algo que pocas regiones en el mundo pueden ofrecer. El reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que ahora se resalta con la declaración del Día del Flamenco, respaldó un sentimiento compartido por miles de aficionados de todo el mundo y a estimular el trabajo de protección y difusión que desarrolla la Junta. La candidatura fue presentada en 2009 por la Junta de Andalucía, con el consenso de Murcia y Extremadura y el apoyo del Gobierno central.
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